Legislación

Dentro del nuevo marco de relaciones laborales en la empresa, cobra una importancia vital las cuestiones referidas a la Prevención de Riesgos Laborales, y las nuevas obligaciones e instituciones que se crean entre el empresario y sus trabajadores.

 

Esas nuevas obligaciones, imponen al empresario tomar acción de manera rápida y con un profundo conocimiento de los derechos, deberes y normativa en materia preventiva. Estas decisiones que pueden ser clave dentro del día a día de la empresa y de las relaciones empresa-trabajador, pudiendo afectar incluso a la productividad y a los servicios que se prestan.
Las leyes y obligaciones que afectan a los operarios trabajos verticales actualmente son muy amplias y explicitas, como trabajadores en sí y como trabajadores cuyo lugar de trabajo está expuesto a las caídas de altura. Sólo por ello hay mucha legislación que nos afecta. Esto mismo también afecta a aquellos que realizan su labor en escaleras, grúas, plataformas, etc.
A nosotros, los que estamos relacionados con los trabajos verticales, nos afectan además otras obligaciones explicitas que nos interesa conocer y cumplir.

Los conocimientos legales mínimos necesarios, para una empresa de trabajos verticales, son muy extensos, por lo que en este manual únicamente se van a tratar los temas que más afectan a la globalidad del sector. Pudiéndose encontrar en él información mínima obligatoria así como omisiones que pudieran afectar al lector. Por otra parte la legislación es una entidad viva, en continua constitución y renovación que conviene aplicar siempre y, por tanto, conocer.

 

Las normas de referencia, entre otras, que repercuten sobre la prevención de riesgos, la seguridad y la salud de los trabajadores de una empresa de trabajos verticales actual son:
• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales de altura. B.O.E. del 13/11/2004.
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. B.O.E. del 31/01/04
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales. B.O.E. del 13/12/03.
• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de Noviembre. B.O.E del 10/11/95.
• Real Decreto 1215/1997, del 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos de Trabajo. B.O.E del 7/08/97.
• Directiva Comunitaria 2001/45/CE, de 27 de junio de 2001, que se añade a la Directiva 89/655/CE.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. B.O.E. del 25/10/1997.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. B.O.E. del 12/06/1997.
• Real Decreto 39/1997, del 17 de enero de 1997. Reglamento de los Servicios de Prevención. B.O.E. del 31/01/97.
Real Decreto 780/1998, de 30/04/1998, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.B.O.E. del 01/05/98
• Real Decreto 485/1997, del 14 de abril de 1997, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. B.O.E. del 23/04/1997.
• Real Decreto 486/1997, del 14 de abril de 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad en los lugares de trabajo.
B.O.E. del 23/04/1997.
• Real Decreto 487/1997, del 14 de abril de 1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los Trabajadores. B.O.E. del 23/04/1997.
Real Decreto 1407/1992, del 20 de octubre de 1992. Listado y Normas adoptadas en el ámbito de la Directiva Comunitaria 89/686/CEE “EPI”. B.O.E. del 28/5/96.
• Real Decreto 159/1995, de 03/02/1995, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intra comunitaria de los Equipos de Protección Individual. B.O.E. del 08/03/1995.
• Real Decreto 842/2002. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. B.O.E. del 18/09/2002.
• Real Decreto 1494/1986, del 26 de Mayo de 1986. Reglamento de Seguridad en las Máquinas. B.O.E. del 21/7/86.
• Orden Ministerial del 23/5/77, Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. B.O.E. del 14/5/77.
• Real Decreto 1435/1992, del 27 de noviembre de 1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relacionados con la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. B.O.E. del 11/12/1992.
Real Decreto 56/1995, del 20 de enero de 1995, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, relativo a las disposiciones de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. B.O.E. del 8/02/1995.

 

También las siguientes directivas y órdenes:
• Directiva 89/391/CE, de 12/06/1989.
• Directiva 89/655/CE de 30/1/1989
• Directiva 89/656/CE de 30/11/1989
• Directiva 89/665 CE de 21/12/1989
• Directiva 89/686/CE de 21/12/1989
• Directiva 92/57/CE de 24/06/1992
• Directiva 93/95/CE de 29/10/1995
• Directiva 93/68/CE de 22/07/1993
• Directiva 93/465/CE de 22/07/1993
• Directiva 95/63/CE de 05/12/1995
• Orden de 09/03/1971, B.O.E. del 16 y 17/03/1971
• Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970.

 

Además del Estatuto de los Trabajadores, convenio en el cual nos encontremos encuadrados (construcción, limpieza, etc.), o convenio de empresa y normas UNE-EN.

 

La más importante; la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales y su modificación, la ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, así como el R.D. 1627/1997, R. D. 39/1997 y otra normativa subsidiaria que nos afecta muy directamente se desarrollan brevemente en el capítulo siguiente. Especialmente el Real Decreto 2177/2004, de 12/11/2004, B.O.E. del 13/11/2004, por el que se modifica el R.D. 1215/97, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura, que significa un reconocimiento del sector como tal, además de regular aspectos que hasta ahora no lo estaban.

 

En cuanto a legislación Europea, la Comisión de la Unión Europea, presentó en Noviembre del 98 una propuesta de modificación de la Directiva 89/665 CEE, que limita los trabajos verticales a situaciones especiales, sin mencionar cuales son dichas “situaciones especiales” y, además, considerar unas pautas mínimas de obligado cumplimiento:
• El sistema constará como mínimo de dos cuerdas de suspensión, que deberán tener puntos de anclaje independientes.
• Será necesaria, como mínimo, la presencia de dos trabajadores para realizar el trabajo.
• Deberá impartirse a los trabajadores una formación específica para las operaciones previstas, dicha formación deberá incluir técnicas de salvamento.

 

Hasta la fecha las empresas de trabajos verticales de estructuraban en las cuestiones de seguridad y salud en base a la L.P.R.L. y las normativas que la desarrollan, como de hecho deben y seguirán haciendo. Sin embargo la Directiva Comunitaria 2001/45/CE representó un importante cambio ya que su publicación significó, de hecho, el reconocimiento explícito del sector así como de la eficacia y seguridad del sistema por parte de las instituciones europeas y los estados miembros.
La aparición del R.D. 2177/2004, del 12/11/2004, modificación del R.D. 1215/1997, ha supuesto la integración total del sector de los trabajos verticales al mercado laboral reconocido jurídicamente como actividad diferenciada.
Así mismo proporciona un marco específico que proporciona a las empresas de trabajos verticales seguridad jurídica en su actividad diaria.

 

Por último, en cuanto a legislación proveniente de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del código penal, conviene recordar:

 

Artículo 195.
“El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió auxilio, la pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses”. Por tanto, podemos entender que si no rescatas a tu compañero en apuros cuando puedes hacerlo (si sabes) puedes incurrir en acciones legales.

 

Artículo 311.
“Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses:
1º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derecho que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.”

 

Artículo 314.
“Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a alguna etnia, raza o nación, su sexo u orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal de representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresas o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses.”

 

Artículo 316.
“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”

 

Artículo 318.
“Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado las medidas para ello.”
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